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Mujeres, salud y empoderamiento

Entrevista a Nirvana Gónzalez Rosa
Coordinadora General de RSMLAC
Por Nahomi Galindo Malavé

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) surgió en 1984, en el marco del Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Mujer y Salud, en Tenza, Colombia. Un año antes se estaba cosechando la idea en la cabeza de algunas mujeres de hacer una alianza latinoamericana por la salud de las mujeres desde una mirada feminista. Una de ellas fue la compañera Luz Helena Sánchez, médica salubrista, y otra fue la distinguida activista y feminista, Aidita Cruz.

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Salud, Género y Participación

Entrevista a Alana Feldman
Coordinadora General de Taller Salud
Por Nahomi Galindo-Malavé
Historiadora, feminista y activista
Publicada en 40 Días por ti 

En el 2007 participé de una serie de talleres que contribuyeron en mi forma de ver las cosas. Se realizaron tres días de conferencias sobre Incidencia y Abogacía de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres. Las conferencias fueron organizadas por Taller Salud una organización puertorriqueña dedicada a la educación sobre aspectos de salud biológicos y psicológicos desde una perspectiva de género.

En la conferencia hubo una interesante convergencia. Hubo desde ginecólogas, mujeres que tenían su clínica de planificación familiar (abortos), doulas, parteras, profesionales, sociólogas, psicólogas, historiadoras, amas de casa, entre otras. Participaron puertorriqueñas, dominicanas, colombianas y otras mujeres de América Latina tanto en calidad de conferenciantes como en calidad de público. En las conferencias hubo diversidad de voces interactuando y debatiendo sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En estos días que se reactivaron sectores fundamentalistas en contra del aborto, decidimos hacer la Jornada de 40 Días por Ti. Reconocemos que, ante el tema del aborto, resulta de gran importancia la educación sobre la salud psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres. Taller Salud es una de las organizaciones que ha contribuido enormemente en este ámbito. Desde Barcelona, me motivé en entrevistar a su actual coordinadora Alana Feldman. Aquí les comparto la entrevista.

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Distorsión

Por Nahomi Galindo-Malavé
Publicada en Voces, en el Nuevo Día
6 de octubre de 2010

En estos días leí sobre el siniestro caso de la pareja que sometía a la esclavitud sexual a sus hijos. Les obligaban tener orgías, a tener sexo entre hermanos y hermanas, y recientemente se reveló que, además, a tener sexo con otras personas.Se estima que fueron entre diez y quince personas que no eran miembros de la familia. Incesto y esclavitud sexual impuesta por padres heterosexuales.

¿Todavía pensará Evelyn Vázquez que la trivial ley del Día del Buen Trato es necesaria? ¿En serio cree que con eso transformará los problemas sociales crasos que enfrenta nuestro país?¿Todavía pensarán el gobernador Luis Fortuño y el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz que su campaña “Promesa de Hombre” es efectiva contra la violencia intrafamiliar? La respuesta es evidente, aunque no deje de espantar.

Esta noticia surge en medio de un panorama social alarmante. El año pasado fueron asesinadas dieciocho mujeres por violencia de género. Preocupa que este año no ha terminado aún, y ya van diecinueve mujeres asesinadas por violencia machista, a manos de sus parejas o ex parejas, y una de ellas hasta por encargo. Por otro lado, han sido asesinadas diez personas de las diversidades sexuales. Ni uno sólo ha sido catalogado como crimen de odio.

Ante todo este panorama, los fundamentalistas de nuestro país se han dedicado a distorsionar la realidad social. Arremetieron contra la carta circular de la perspectiva de género en las escuelas públicas, que perseguía educar para la paz y la equidad. Se oponen a la adopción por parejas del mismo sexo. Han saboteado la revisión del Código Civil y las medidas de avanzada, como las uniones de hecho. Ante todo, repiten como un disco rayado que esas cosas atentan contra los “valores morales” de la familia, y que ellos están “defendiendo” esos valores.

En sus discursos de odio, misoginia y homofobia proclaman que tales adelantos promoverían la homosexualidad y la pedofilia. Estas distorsiones quedan evidenciadas cuando no les escuchamos hacer los mismos reclamos, al tratarse de personas o parejas heterosexuales – como la pareja que obligó a sus hijos a realizar orgías – quienes atentan contra el bienestar físico y psicológico de sus propios hijos.

Todo esto revela lo que muchas personas ya sabemos: que la pederastia y otras formas terribles de agresión sexual, nunca han tenido nada que ver con la orientación sexual de las personas. Tampoco con la perspectiva de género.

Sin embargo, los fundamentalistas, en vez de educarse, de escuchar, de entender la importancia del Estado Laico y promover la paz, prefieren seguir sacándole provecho al pánico moral que ellos siembran, seguir lucrándose con los diezmos para auspiciar políticos corruptos y seguir tratando de distorsionar la realidad.


La iupi y los fetiches

Por Nahomi Galindo Malavé
Publicado en El Nuevo Día
27 de abril de 2010

Algunas personas han criticado el supuesto fetiche de los estudiantes con el paro y la huelga. Por otro lado, algunas de esas personas tienen fetiches con los portones de la Universidad, incluso a pesar de solidarizarse con el movimiento estudiantil actual. Algunos de sus argumentos es que quieren participar de actividades, de foros, de charlas.

Parafraseando a Arcadio Díaz Quiñones, recuerdo que a veces la memoria se va por el roto de la historia. Al parecer, por ese mismo roto se va la memoria de aquéllos que reclaman el derrumbe y apertura de los portones.

Durante la huelga de la década del ochenta la dinámica era distinta. Los estudiantes huelguistas sacaban a las personas de los salones cada vez que era necesario. No es que la huelga de antes o la de ahora sean mejores o peores, sino que se dieron en coyunturas y en contextos diferentes. La Historia no se repite.

Coincidimos en que ciertamente los portones están cerrados por el receso administrativo (“lockout”). Sin embargo, existen las críticas atinadas y existen las críticas desinformadas. Primero, desconocen y subestiman los objetivos de los estudiantes en haber permanecido allí a pesar del cierre administrativo. Segundo, están desinformados respecto a que ya todas esas actividades que anhelan están organizándose por parte del mismo movimiento estudiantil que espera con muchas ansias la participación de todas las personas, incluso de las preocupadas. A esos preocupados deben saber que están cordialmente invitados a cualquiera de los portones tanto a participar como a crear actividades.

Actualmente, estoy en proceso de finalizar mi tesis para graduarme. En la Biblioteca Lázaro tienen libros que necesito para la tesis. A pesar de esto, mi solidaridad está plenamente con el movimiento estudiantil. Allí he estado. He visto el compromiso y las actividades.

Quizás esos fetiches por derribar los portones se deban a una nostalgia, pero es que los tiempos han cambiado.

Siempre los estudiantes dieron cátedra. Si no estuviesen los portones, igual se iba a realizar la huelga, cuando así lo decidiera la asamblea; pero entonces, el fetiche de algunos profesores sería otro. Finalmente, no podemos olvidar la paradoja de que por un lado se han cerrado los portones, pero, por otro lado, se han abierto caminos de esperanza en un país que, ante tanto atropello, antes de la huelga, prácticamente no estaba pasando nada.


Cuerpo, raza y género en el Puerto Rico del siglo XIX

Reseña del artículo “Cuerpos calificados, cuerpos negociados: sexo ilegitimidad y racialización en el Puerto Rico decimonónico” de María del Carmen Baerga, publicado en el último número Historia y Sociedad.  El escrito fue parte de la presentación de la revista el 16 de marzo de 2010 en el Anfiteatro 123, Edificio José Ramón Ortíz Fernandez (Antiguo Edificio de Biología).

Por Nahomi Galindo Malavé

Jaques Le Goff y Nicolas Truong han mencionado que la historia del cuerpo ha variado desde los tiempos modernos hasta otros tiempos que pudiésemos remontarnos.[1] En algunos análisis que he realizado sobre los temas del poder, el cuerpo y el género, he observado y puedo destacar que las relaciones de poder no siempre son antagónicas, sino que son fluidas y plurales. Resulta interesante, el trabajo de la historiadora María del Carmen Baerga,  “Cuerpos Calificados, Cuerpos negociados: sexo ilegitimidad y racialización en el Puerto Rico decimonónico” publicado en el último número de la revista Historia y Sociedad,[2] por que nos revala las negociaciones a través de las cuales se desatan esas relaciones de poder en el Puerto Rico decimonónico, particularmente en torno al fenómeno de la ilegitimidad. Esta se asociaba con encuentro sexuales ilícitos, pero su significado resulta ser distinto al que adquirió durante el siglo XX.

La Dra. Baerga trabaja y aplica magistralmente la teoría de Foucault. Según este, a fines del siglo XIX se desarrolló el control judicial y médico de las perversiones, en nombre de una protección general de la sociedad de la sociedad y la raza. Puede decirse que entonces el dispositivo de la “sexualidad”, elaborado en sus formas más complejas y más intensas, por y para las clases privilegiadas, se difundió en el cuerpo social entero. Los papeles respectivos variaron según la cultura.[3] La aristocracia había afirmado la especificidad de su cuerpo, pero por medio de la sangre, con esto Foucault se refiere a la antigüedad de las ascendencias y el valor de las alianzas. Sin embargo, en la modernidad, la burguesía para darse un cuerpo, miró en cambio hacia la descendencia y la salud de su organanismo.[4] Entonces llama la atención que la ilegitimidad no se basaba únicamente en la carga de la práctica sexual fuera del matrimonio. Durante el siglo XIX, se entendía también como ilegítimo aquel o aquella de quién se tuviese sospechas de mestizaje.

En este trabajo, Baerga presenta tres casos diferentes y explica cómo distintos ciudadanos recurrieron ante la Audiencia local y la Audiencia Real para presentar consideraciones legales con respecto a su legitimidad. ¿Porqué era importante la legitimidad y la pureza de sangre? Explica Baerga, claramente, que estribaba en que las posiciones de privilegio en la sociedad colonial estaban reservadas para aquellos que gozaban de la condición de ser blancos. En Puerto Rico, las dinámicas de exclusión racial de la época operaban para obstaculizar el acceso legal al matrimonio entre mestizos y mestizas y aquellos de sangre “pura”. Tampoco podían los primeros acceder a puestos que representaban un rango elevado en la jerarquía social, como la milicia y otros puestos gubernamentales.

La selección de estos tres casos es muy reveladora, ya que son protagonizados por personas provenientes de diferentes sectores sociales. María de Jesús, una mujer viuda; Juan del Rosario, un agricultor; y Don Lorenzo, un español capitán de un buque. Tanto la viuda como el capitán solicitaban que se otorgara la legitimidad a sus hijos. El agricultor solicitaba permiso para contraer matrimonio, pues la madre de la mujer con la que pretendia casarse, se oponía al matrimonio. Expondré brevemente cómo se dilucidaron los casos, así cómo los contrastes que estudia la Dra. Baerga, cómo los reclamantes mencionados presentaron sus defensas, qué obstaculos enfrentaron si alguno, y los resultados que obtuvieron.

Tanto María de Jesús como Don Lorenzo tuvieron sus hijos fuera de la institución matrimonial, una práctica normal en la época. María solicitaba que se reconociera la legitimidad de su hijo, Juan Bautista, con el propósito de que áquel pudiese ingresar a la milicia. Don Lorenzo, lo solicitaba para legarle a su hijo Valentín un “nombre sin mancha”. Para estos procesos había que pagar; María pidió una exención por ser pobre, mientras que Don Lorenzo efectuó el pago. Sin embargo, sorprendentemente, quien enfrenta mayores obstaculos resulta ser Don Lorenzo y no María. Veamos porqué.

Por un lado, a pesar de que María de Jesús era mujer y parecía estar en una posición de ambigüedad en cuanto a las concepciones de legitimidad de la época, argumentó que su caso era diferente y presenta numerosas evidencias para ello. Primero estableció su honorabilidad, pues sostuvo que estuvo casada previamente y que era viuda al momento de entablar relaciones con el padre de su hijo. Segundo, explicó que a pesar de que Juan Bautista había nacido fuera del matrimonio, fue estando ella bajo una promesa de matrimonio, y que el padre incluso había reconocido públicamente a su hijo en diferentes ocasiones. Tercero, presentó multiples evidencias, como el certificado del párroco afirmando su viudez; testimonios a su favor de personas de reputación; y el mote del bautismo donde se documenta que Don Casimiro, el padre de su hijo, le había reconocido, pues aparecía su nombre. No tan sólo eso; además se había encuadernado en el libro de blancos.

Por otro lado, la petición de Don Lorenzo, a pesar de éste estar ubicado en una estrata social superior, fue denegada por la Audiencia local, por lo cual Don Lorenzo apeló directamente a la Corona (Audiencia Real). Motivo de la denegación fue el comunicado emitido por el Capitán General a la Sala de Indias del Ministerio de Justicia, en el cual refutaba el que Valentín fuese hijo de la española que alegaba Don Lorenzo, sino que lo era de una esclava. Por supuesto, Don Lorenzo lo negó. Argumentó que había tenido problemas en que le otorgaran la legimitimidad en la Isla, porque su hijo había tenido problemas con la milicia, y que si le llamaba madre a la esclava que le crió, era natural, pues esta lo había cuidado de niño ya que su verdadera madre había muerto. El caso tardó años. Don Lorenzo murió, y su sobrino (Ramón Pardo) continuó el caso. Este cuestionó porqué no se le había escuchado a su tío, un hombre anciano y honrado que había servido a la Corona. Sin embargo, me llama aún más la atención el hecho de que este cuetionara la mentalidad racial que prevalecía en la época, pues planteó que ni Doña Dolores (la española que según Don Lorenzo era la madre de su hijo) ni Carmen (la esclava que según el Capitán era la verdadera madre)se habían casado nunca, y que en ese sentido las condiciones de legitimación serían las mismas, por lo cual no afectaba a nadie el que le concedieran oficialmente la legimitad a Valentín.

La historia del cuerpo, plantea Le Goff y Truong, suele estar conectadas a la historia de las mentalidades. En las negociaciones en torno a la legitimidad del periodo decimonónico en Puerto Rico, la mentalidad en torno al cuerpo, raza y género ponían el peso principal en la “calidad racial”. Llama la atención como Ramón Pardo cuestiona ese peso en su argumento. ¿No se refleja aquí, entonces, una mentalidad diferente, una mentalidad disidente? Esto ¿no podría sugerir tal vez que las mentalidades no son homogéneas? tal vez nunca sabremos la magnitud exacta de la mentalidad disidente que representa el argumento de Pardo, pero sí podemos saber que estaba presente. Después de todo, como bien señala Baerga, pocos casos de la región fueron avalados por la Real Audiencia peninsular, por lo que pocos casos llegaron a ante la consideración de los funcionaros reales. Aunque pudiera parecer que, como argumentaba Pardo, el resultado “no afectaría a nadie”, desde un análisis de las relaciones de poder, podemos concluir que para la élite de la época, reconocer la igualdad jurídica entre una madre esclava y una española trastocaría los privilegios que aquellos se habían reservado para sí. El caso de Valentín quedó sin resolverse.

El tercer caso es el de Juan del Rosario, el agricultor que anhelaba casarse con Gabriela. Esta era reconocida en el pueblo como blanca, y según la madre, era de calidad superior a él. Interesantemente, el agricultor entró en diálogo con las autoridades y estableció de forma articulada su defensa. Este consiguió una recomendación del cura del pueblo, quien testificó que a pesar de que Juan era pardo, “no se comportaba como tal”. Además, impugnó la supuesta blancura y calidad superior de Gabriela, su prometida, a base de su mote bautismal de Gabriela, puesto que en el documento no aparecía el nombre del padre de ésta. Además, destacó que según el mismo documento, la madre de su prometida no ostentaba título alguno.

El artículo deja abierta las siguientes preguntas en torno al concepto de “ciudadanos parciales” de Ben Vinson usado por Baerga para identificar a aquellos y aquellas cuyos derechos estaban limitados por su identidas social y racial.[5] En general, en el siglo XVIII la relación de los ciudadanos parciales con los tribunales era una de exclusión. [6] Sin embargo, en el artículo se menciona que los ciudadanos parciales eventualmente lograron el acceso a los tribunales gracias a ciertas acciones por eso es que pueden llevarse estos tres casos estudiados. Entonces me pregunto: ¿Cuándo se logra ese cambio? ¿Cuáles fueron esas acciones que impulsaron ese cambio y que promovieron una inclusión parcializada?

Finalmente, puedo destacar que el trabajo de Baerga nos revela el desarrollo de los procesos de construcción de identidades raciales y las dinámicas sociales del siglo XIX. La historiadora cumple con los objetivos de su estudio y nos muestra cómo las identidades raciales se producían por medio de las relaciones particulares entre cuerpos: la blancura mediante el matrimonio canónico y la descendencia legítima, y la negrura mediante el sexo ilícito y la ilegitimidad.[7] “Cuerpos calificados, cuerpos negociados” es una gran contribución adicional a las muchas que ha acumulado su autora, a la historiagrafía del cuerpo y el género en Puerto Rico, pues nos provee una perspectiva adicional sobre las relaciones de poder en torno al cuerpo, y cómo estas se desprendieron y se difuminaron a través de las negociaciones en el Puerto Rico decimonónico. La historiadora Baerga, en su trabajo, utiliza y explica conceptos importantes como “pureza de sangre”, “honor”, “calidad”, “simbólica de la sangre”, “sociedades de sangre”, entre otros, que resultan ser importantes para comprender el periodo abordado. Su aportación más importante es que logra articular claramente las negocionaciones de poder en los instancias judicales de aquel periodo, examinando al mismo tiempo una coyuntura clave en el contrapunto de raza y género en nuestro país.

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[1] Jacques Le Goff, Historia del Cuerpo en la Edad Media, Ediciones Paidós, Barcelona, 2005, 145.

[2] María del Carmen Baerga, “Cuerpos Calificados, Cuerpos negociados: sexo ilegitimidad y racialización en el Puerto Rico decimonónico”, Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Año XVI-XVII, 2005-2006, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2008, 3-26.

[3] Foucault, Historia de la Sexualidad, Ediciones XXI, Barcelona, 1998, 148.

[4] Baerga, 2008, p. 22.

[5] Ciudadanos parciales ers los mulatos, negros, coyotes e individuos de castas y razas semejantes reputados tenidos.

[6] Foucault, 1998, 151.

[7] Baerga, 2008, p. 6.


Cuerpo, Violencia y Celebraciones

Presentación del número XVI-XVII de la Revista Historia y Sociedad. Para ver flyer pulsar aquí.

Autores:
Dra. Mayra Rosario-Urrutia
Dra. María del Carmen Baerga
Dr. Fernando Picó

Comentarios:
Dorian J. López
Nahomi Galindo
Iván Chaar-López

1:00 P.M.

Martes, 16 de marzo de 2010

Lugar: Anfiteatro 123
Edificio José Ramón Ortíz Fernandez (Antiguo Edificio de Biología)*

* Se encuentra detrás del Teatro Julia de Burgos, al lado derecho del edificio de la Escuela de Comunicación.
Info. (787) 764-0000 ext. 2068

Invitan: La Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico


Cárcel, Género y Violencia

por Nahomi Galindo Malavé

Las instituciones carcelarias son sólo un ejemplo de formas de control social. Se ha comprobado que estas no reducen la criminalidad; por el contrario, crean un círculo vicioso que empieza en el estigma y termina en la reincidencia. Sin embargo, tanto el castigo como el estigma son peores para la mujer, pues al ser confinada transgrede tanto la ley como los roles que la sociedad le ha impuesto.

Hace poco murió Vivian Mare Rivera, una joven confinada de la Escuela Industrial de Vega Alta. Su delito fue tener en su posesión una bolsita de marihuana, por lo cual le pusieron multa de $1,000 que no pudo pagar. El mismo día de la sentencia, fue ingresada a la penitenciaria.

No se puede ocultar el hecho que los tribunales estan repletos de casos como estos. Algunas personas, de sectores más acomadados, pueden pagar la multa; otros no. Así los primeros compran, con el aval del sistema, su libertad, mientras el pobre que cae entre las rendijas del sistema está siempre entre el endeudamiento cada vez mayor, y la cárcel

Mucho se ha hablado de diversas propuestas para descriminalizar las drogas. Sin duda alguna esto ayudaria a reducir la desproporcionada poblacion penal que culminan en problemas de hacinamiento.

Por otro lado, la causa de la muerte de Vivian fue la pela que le dió una compañera celosa dentro de la penitenciaría. Vivian estuvo tres dias en la enfermería. La llevaron tarde al hospital.

Este caso saca a relucir las limitaciones que tiene el sistema carcelario como institución de control social. Uno de los elementos del castigo es la represión de toda manifestación de sexualidad – elemento que es fácil y consistentemente trangredido por presos y presas.

Otra particularidad que salta a la vista en este caso es la persistencia de la violencia de género en el espacio carcelario. Contrario a la definición heteronormativa que intentara imponer hace unos año el Tribunal Supremo, la violencia de género se manifisesta también entre parejas del mismo sexo. Llama la atención precisamente cómo en este caso el acto violento no se dió un espacio doméstico (privado), sino en una institucion del estado que se supone tenga el objetivo de rehabilitar.

Ante esto la Procuradora de las Mujeres no ha dicho nada. Posiblemente esta preparándose nuevamente para enmendar otro proyecto enmendado algunos años atrás. Esto es una muestra más de la enajenación e indiferencia que ella tiene ante los problemas que enfrentan las mujeres en nuestro país.

El delito de Vivian fue ser una mujer pobre. El juez le impuso la sentencia de por vida que es el estigma de la cárcel, sin imaginarse tal vez que al exponerla de esta forma a un ambiente de mayor violencia, la estaba condenendo a su pena de muerte.


Ni desahogo ni venganza

Por Nahomi Galindo-Malavé

Susan Sontag observó atinadamente que los derechos de los “hombres” nunca ha merecido una manifestación o una huelga de hambre. En ningún país, los hombres son menores de edad jurídica, como lo fueron las mujeres hasta bien entrado el siglo XX en muchos países. Ningún estado otorgó el derecho al voto a las mujeres antes que a los hombres. Tampoco se ha pensado en los hombres como el segundo sexo.

Cada vez que las feministas levantan su voz, aparecen los neomachistas para “estirar el chicle”. Señalando que pretendemos “invertir las cosas”. Muchas nos preguntamos de dónde sacan esa distorsión que se presta para confundir. Sin embargo, la peor parte no es que resurjan estos neomachistas, sino que algunas personas solidarias se confundan con sus tergiversaciones.

Las personas neomachistas se alarman cuando las feministas y las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, que son activistas, alzan la voz reclamando justicia. Parece ser que sólo esuchar lemas como “Justicias para las mujeres” o “Justicia para Jorge Steven” es suficiente para levantar espanto entre algunos. Aquellos que creen erroneamente que lo que se pretende es “invertir” se alarman precisamente porque lo que le ha ocurrido a las mujeres y las personas LGBT ha sido espantoso a través de la historia.

En el caso de las mujeres, históricamente han sido minimizadas, patologizadas, infantilizadas, violentadas física y sexualmente.

Me pregunto, ¿Desde cuándo la palabra “justicia” se convirtió en sinónimo de “venganza”?

Todo esto me recuerda un suceso reciente: cuando circularon declaraciones de la actual jueza del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor, aludiendo a que ella esperaría que una mujer latina fuera mejor jueza que un juez blanco, ello levantó la histeria entre los conservadores en ese país. Dijeron que era “racismo a la inversa”. Es interesante que a aquellos que nunca se preocuparon por el racismo hacia los negros o latinos en los Estados Unidos de momento les preocupe el supuesto “racismo a la inversa”.

Igualmente se levantan los neomachistas en nuestro país. Aquí todavía lamentablemente se naturalizan las agresiones contra las mujeres y personas LGBT cuando alegan que “se lo buscó” o “sabía lo que podía pasar”. Esas sospechas se levantan cuando a esos neomachistas se preocupan que se reclame justicia por tal violencia desatada.

Hay quien plantea, con razón, que la raíz del asunto está en la educación, y no en reforzar el sistema de cárceles y tribunales que, después de todo, existen para defender a los poderosos. Sin embargo, esas preocupaciones no pueden ser pretexto para diluir los esfuerzos contra la impunidad. Quienes traen esa preocupación como parte de una crítica más amplia hacia los movimientos que reclaman justicia contra la agresión parecen olvidar, por ejemplo, que desde hace años las mujeres estuvimos reclamando que se incluyera la perspectiva de género en el curriculo escolar público; sin embargo, fue implementada tardíamente el año pasado para luego ser eliminada por el gobernador entrante.

La composición de cada movimiento social es plural. No obstante, me atrevo a decir que la mayoría de quienes luchamos por los derechos de las mujeres o de las personas LGBT, está clara en cuanto a los objetivos que persiguen nuestros reclamos. No queremos invertir, sino transformar. No queremos desahogarnos, mucho menos vengarnos. Queremos justicia. Reclamar justicia es un lema político contundente, no un capricho personal.

Cuando se pide justicia, se exigen un sinnúmero de cosas: que no quede impune la injusticia, que se atienda ese problema social y que se eduque en las escuelas y en las familias sobre el asunto para lograr la tranformación cultural. Se pide, en fin, justicia. No estamos meramente hablando de una revolución cultural (patriarcal), sino que la estamos trabajando, contra los oídos sordos del Gobierno, con mucho esfuerzo, y desde abajo.


El derecho al aborto y los roles de género

Tomado de: Memorias feministas

Por Nahomi Galindo-Malavé

Existen muchas y diversas razones para defender el derecho al aborto. Algunas personas defienden el derecho al aborto como asunto de salud pública, pues cuando está criminalizado, el aborto no deja de existir; por el contrario, a menudo ocurre con mayor frecuencia y se realiza bajo condiciones precarias, poniendo en riesgo la salud de las mujeres. Otras defienden el derecho al aborto como un asunto de derechos humanos, que abarca derechos tan diversos como el derecho a la integridad física, la libertad de decidir y el propio derecho a la vida, pues miles de mujeres la pierden anualmente al procurar abortos ilegales bajo condiciones precarias.

Todos los argumentos para defender el derecho al aborto son importantes, e incluso pueden articularse entre sí. No obstante, en el Aniversario #37 de Roe v. Wade, me parece que es apremiante para quienes defendemos este derecho entender, ¿Porqué es problema para los fundamentalistas, entre otros, que una mujer termine su embarazo? ¿Porqué se proyecta como monstruos a las mujeres que deciden terminar sus embarazos? Son múltiples los factores, pero el principal resulta ser los roles sociales construidos históricamente y culturalmente para las mujeres, y la inequidad en el poder sobre el cuerpo que se le ha asignado a cada género. Se trata, pues, de una relación de poder sobre el cuerpo de las mujeres, la cual se ha desplegado a través de la historia. Cuando una mujer decide abortar, o defiende el derecho aborto, los roles de género son transgredidos.

A pesar de las limitaciones que ocasionalmente tiene el marco teórico de Michel Foucault – pues sus análisis no incluyen perspectiva ni de clase ni de género – este provee una herramienta útil para analizar la transgresión, que se puede extender a la transgresión de los roles de género. Según Foucault, la transgresión “es un gesto que concierne al límite; es allí, en la delgadez de la línea, donde se manifiesta el relámpago de su paso, pero quizás también su trayectoria total, su origen mismo. La raya que ella cruza podría ser efectivamente todo su espacio. El juego de los límites y de la transgresión parece estar regido por una sencilla obstinación: la transgresión salta y no deja de volver a empezar otra vez a saltar por encima de una línea que de inmediato, tras ella, se cierra en una ola de escasa memoria, retrocediendo así de nuevo hasta el horizonte de lo infranqueable. Pero este juego pone en juego muchos otros elementos más; los sitúa dentro de una incertidumbre, dentro de certidumbres de inmediato invertidas, donde el pensamiento se tranca rápidamente por querer captarlos”. Además, según Foucault, la transgresión no es al límite como el negro es al blanco, lo prohibido a lo permitido, lo exterior a lo interior, lo excluido al espacio protegido del resguardo. Para entender la transgresión hay que desprenderla de sus sospechosos parentescos con la ética. Liberarla de lo que está animado por la potencia de lo negativo. [1]

Resulta interesante que cuando la relación de poder sobre los cuerpos de las mujeres no es muy exitosa, o existe la posibilidad de no lograrse ese éxito, el cuerpo de las mujeres ha sido negociado, por los hombres en poder. Un ejemplo de ello resulta ser Nicaragua. Este país pasó por el proceso de la Revolución Sandinista (1979-1990), en el cual muchas mujeres participaron. Durante ese proceso, se logró descriminalizar el aborto. Sin embargo, el actual Presidente Daniel Ortega, quien había sido dirigente revolucionario, usó el cuerpo de la mujeres como ficha de negociación para regresar al poder. Transó con sectores fundamentalistas, particularmente de la Iglesia Católica, y tras resultar electo en el 2006, volvió a criminalizar el aborto en Nicaragua. Actualmente algunas mujeres en Nicaragua transgreden la ley. Ante esto, las nicaragüenses son perseguidas y castigadas por tomar la decisión de terminar su embarazo.

En Puerto Rico el aborto fue criminalizado hasta 1973. A pesar de ello, muchas mujeres transgredían la ley en Puerto Rico, recurriendo a esta práctica porque no existían otros métodos eficaces y accesibles para limitar el número de nacimientos.[2]  El Código Penal de 1902, aunque no eliminó el aborto como delito, permitió excepciones a la prohibición total que había existido hasta entonces. [3]  En el 1937 se revisó el Código Penal; sin embargo, no se alteró ninguna disposición sobre el aborto.[4]  Hubo dos formas a través de las cuales se respondía a la demanda para obtener abortos. Una de ellas eran las clínicas privadas, las cuales resultaban innaccesibles para la mayoría de las puertorriqueñas. La otra, que era más frecuente entre mujeres pobres y de menos recursos,[5]  era a través de comadronas y enfermeras. En la década de 1930, la quinina – que se usaba para tratar la malaria y la proveían los programas de salud pública – también era usada como abortivo.

De hecho, ante las grandes limitaciones de acceso a las clínicas privadas, las mujeres se sometían a abortos clandestinos de todo tipo, a pesar de los riesgos y complicaciones por las pésimas condiciones de salubridad. [6] Este problema llegó a ser relatado por los médicos de hospitales públicos que atendieron mujeres desagrándose y con fiebres altas, a causa de abortos realizados en condiciones precarias sin el equipo ni las destrazas necesarias para enfrentarse a posibles complicaciones y emergencias. [7]  A pesar de que la mortalidad materna en general había descendido, la mortalidad por hemorragias aumentó entre las décadas de 1920 y 1940. Entre las décadas de 1940 y 1960 se establecieron los programas del control de natalidad y se propició la no intervención estatal con relación al aborto. [8]  Sin embargo, aunque a un nivel menor que en décadas anteriores, no dejó de criminalizarse el aborto hasta 1973, cuando se emitió la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe v. Wade. [9]

A pesar del avance que significó esa decisión, cabe destacar que las mujeres que ejercen el derecho al aborto continúan siendo trangresoras, no ya de la ley, sino del rol de madre impuesto por la sociedad a todas las mujeres. Todavía muchas mujeres piensan que el aborto no es legal en Puerto Rico. El gobierno a través de los años no ha asumido la responsabilidad de que educar sobre sexualidad responsable, prevención de enfermedades venéreas ni prevención de embarazos. Peor aún, lo que predominó en los últimos años fue la campaña peligrosa y mediocre de la abstención. Dicha campaña diseminaba desinformación y no ayudó a prevenir embarazos no deseados, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico. El resultado de toda esta trayectoria es que hoy en día, a pesar de que el aborto es legal, en una sociedad machista y con el resurgir fundamentalista, realizarse un aborto no es algo fácil. Ser activista en defensa del derecho al aborto tampoco.

La experiencia de la maternidad varía de mujer en mujer. Defender el derecho al aborto no significa obligar a las mujeres a realizárselo; por el contrario, implica que las mujeres que lo necesiten tengan la libertad de elegir sin ser perseguidas ni exponerse a morir en el proceso. Por eso es importante recordar un lema feminista que dice: “Imagina que te prohibieran parir. Ahora imagina que te obligaran”. En esta frase invita a reflexionar sobre cuán macabro es ejercer el poder sobre el cuerpo de la mujer sin incluirla en la decisión.

El poder de decidir sobre el cuerpo y sobre la salud es un derecho que deben tener todas las mujeres, incluyendo el derecho al aborto. Cuando se habla públicamente del derecho al aborto se pide que aquella mujer que lo necesite tenga acceso gratuito, seguro y salubre a él, y que no se le criminalice por ejercerlo. De la mano con el derecho al aborto, reclamamos una educación sexual responsable que incluya formas de prevención de embarazos que no se limiten a la desastrosa campaña por la abstinencia.

Si aspiramos a una transformación social, sin duda alguna debe incluir la transformación política y económica. No obstante, como demuestra el ejemplo de Nicaragua, todo avance de las mujeres será negociable si no transformamos el problema desde su raíz. Si aspiramos a una verdadera transformación social que sea radical, esta debe incluir transformar las relaciones de género de nuestra cultura. Parafreasando a Emma Goldman, si tu “revolución” no incluye el poder de decidir sobre mi propio cuerpo, no me interesa.

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Referencias:

[1] Michel Foucault, Prefacio a la transgresión, en De lenguaje y literatura, Paidós Barcelona, 1996.

[2] Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós & Esther Vicente, Políticas, visiones y voces en torno al aborto en Puerto Rico, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, 1999, p. 76.

[3] Ibid.

[4] Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós & Esther Vicente, 1999, p. 78. Ver también: Ana Irma Rivera Lassen & Elizabeth Crespo Kebler, Documentos del feminismo en Puerto Rico: Facsimiles de la historia, Volumen 1, 1970-1979, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2001, p. 231.

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós & Esther Vicente, 1999, p. 79.

[9] Ibid.

[10] Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós & Esther Vicente, 1999, p. 84.


Ley, instituciones judiciales y poder

Por Nahomi Galindo Malavé
Publicado en: Endi.com

Víctor A. Monroig Torres y Juan Martínez Matos: dos hombres heterosexuales de clases desaventajadas que están atravesando procesos judiciales por razones distintas. Además, sus delitos fueron dirigidos hacia sectores distintos.

Víctor A Monroig Torres llamó al Gobernador y lo amenazó de muerte. Aunque ni siquiera se acercó a La Fortaleza, fue arrestado. Esta persona padece de bipolaridad y, a pesar de que incluso estaba internado en psiquiatría cuando intentaron ponerle cargos (por lo que se tardó el proceso), su juicio está pautado para el 19 de enero.

Sin embargo, Juan Martínez Matos buscó a Jorge Steven Mercado, lo degolló, lo asesinó, lo descuartizó y lo calcinó porque, supuestamente al darse cuenta de que se trataba de un hombre y no una mujer, recordó una experiencia traumática. Él mismo dejó claramente establecida su homofobia al insistir en que esta supuesta experiencia le había creado un odio hacia los gays y que quería que todo el mundo supiera que él no lo era.

Las leyes y las instituciones jurídicas parecen estar hechas para procesar a los pobres y proteger a los poderosos. Por eso, por un lado, es imperdonable que se amenace a Fortuño y se le quite la “tranquilidad”, a pesar de que él previamente se la ha arrebatado a 25,000 familias tirándolas a la calle.

Por otro lado, ni la familia de Jorge Steven –que no son gente acomodada– ni la comunidad LGBT viven tranquilos ahora, luego de la muerte atroz de Jorge Steven. Han vivido un proceso judicial dilatado, en el que no se reconoce la importancia del agravante de crimen de odio, según lo plantea la misma ley.

Además, se debe recordar que algo similar ocurre con la Ley 54. Esta existe hace dos décadas, pero a menudo tampoco se le hace justicia a las mujeres asesinadas ni agredidas por sus compañeros. De hecho todavía las instancias oficiales tienen problemas en aplicar dicha ley.

Se trata después todo de que quien está en el poder y representa a sectores económicos poderosos y sectores ideológicamente fundamentalistas es el gobernador Luis Fortuño y no las “otras” familias.


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