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Desacreditadas las promesas de campaña y los pseudoactivistas LGBT

Por Roberto Pastrana Pagès
Foto: Indymedia

En momentos en que monigotes de los partidos burgueses intentan convencer al movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT) de que la conquista de nuestros derechos sólo es viable a través de nuestra inserción en sus respectivas colectividades y de la negociación y el intercambio político con nuestros propios verdugos, el Gobernador coquetea con la Resolución 99 y, descaradamente, tira a la basura una medida que prohibiría el discrimen por orientación sexual en el empleo.

Al ser preguntado por fundamentalistas sobre la derrotada enmienda constitucional, en un encuentro religioso, Fortuño, delegado nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, respondió: “Nuestra posición sobre el matrimonio no ha cambiado. La consulta para reducir los escaños en la Legislatura queremos que sea a finales de este año, principios del próximo. No tengo problemas con lo del matrimonio en una consulta, pero tengo que discutirlo con los presidentes legislativos”*, dando señas de que podríamos enfrentarnos a un referéndum antigay antes de despedir el 2010.

Pero ahí no paró su despliegue electorero. Al cuestionársele si daría paso al Proyecto de la Cámara 1725, que prohibiría el discrimen por orientación sexual en el empleo, promesa incluida en su programa de gobierno, sin reserva alguna, contestó: “No sé de qué me hablas. Con todo respeto, una idea general que esté en una plataforma no quiere decir que apoyemos un proyecto en particular”*. Irónicamente, el mismo Fortuño destacaba ‘con bombos y platillos’ en un debate televisivo previo a las elecciones que su partido “era el único” con un compromiso expreso de prohibir el discrimen en el empleo por orientación sexual.

Ambas expresiones representan un balde de agua fría, una bofetada en la cara, para los acomodados cabilderos y pseudoactivistas LGBT que no sólo insistían en votar por Fortuño, sino que llevan meses con la cantaleta de que paremos nuestras denuncias contra la homofobia gubernamental. Necesitan reunirse con Thomas Rivera Schatz y sus secuaces para descubrir lo que todo el pueblo ya sabe: que la homofobia en el Gobierno no dará tregua.

No tienen el más mínimo ápice de dignidad ni de respeto por sí mismos. Y es que no pueden tenerlo quienes aceptan ‘con el rabo entre las patas’ que nos nieguen nuestros derechos más básicos. Adecúan sus aspiraciones a las migajas que estén dispuestos a darnos los gobernantes, según su cálculo electoral. Se reúnen con nuestros enemigos, terminan siendo humillados y, peor aún, no quieren darse cuenta. Son una vergüenza, no sólo para sí mismos sino para todo el movimiento. Deberían quitarse el disfraz de “activistas de derechos humanos” o “representantes de la comunidad gay” y fundar un capítulo de los Log Cabin Republicans, para que, de entrada, no creen expectativas en quienes a penas los conozcan.

Pero las personas LGBT están claras: los abusos del Gobierno, lejos de desaparecer con la nueva administración, se han recrudecido. Por décadas, hemos pagado con sangre los discursos de odio de políticos y religiosos fundamentalistas. Ahora, no sólo nuestra equidad como personas LGBT se ve amenazada. Como trabajadores, la inmensa mayoría de nosotros está pagando los desbarajustes económicos del Gobierno, que sólo responde a los grandes intereses.

Es nuestro deber permanecer vigilantes, pero, más que eso, se hace imperativo concertar estrategias diversas como movimiento para, junto al resto del pueblo trabajador, derrocar a este Estado burgués, marioneta de capitalistas y fundamentalistas, y derrotar sus ataques orquestados contra la clase obrera, contra los más marginados y contra toda disidencia a la privilegiada heterosexualidad.

Organicémonos y unámonos a la lucha, no sólo contra la homofobia, sino contra toda la ola de opresión que se avecina. ¡Salgamos del armario, unámonos al resto del pueblo trabajador y lancémonos a la calle, por nuestros derechos a ser, a amar, a trabajar y a vivir en libertad y equidad!


Ley, instituciones judiciales y poder

Por Nahomi Galindo Malavé
Publicado en: Endi.com

Víctor A. Monroig Torres y Juan Martínez Matos: dos hombres heterosexuales de clases desaventajadas que están atravesando procesos judiciales por razones distintas. Además, sus delitos fueron dirigidos hacia sectores distintos.

Víctor A Monroig Torres llamó al Gobernador y lo amenazó de muerte. Aunque ni siquiera se acercó a La Fortaleza, fue arrestado. Esta persona padece de bipolaridad y, a pesar de que incluso estaba internado en psiquiatría cuando intentaron ponerle cargos (por lo que se tardó el proceso), su juicio está pautado para el 19 de enero.

Sin embargo, Juan Martínez Matos buscó a Jorge Steven Mercado, lo degolló, lo asesinó, lo descuartizó y lo calcinó porque, supuestamente al darse cuenta de que se trataba de un hombre y no una mujer, recordó una experiencia traumática. Él mismo dejó claramente establecida su homofobia al insistir en que esta supuesta experiencia le había creado un odio hacia los gays y que quería que todo el mundo supiera que él no lo era.

Las leyes y las instituciones jurídicas parecen estar hechas para procesar a los pobres y proteger a los poderosos. Por eso, por un lado, es imperdonable que se amenace a Fortuño y se le quite la “tranquilidad”, a pesar de que él previamente se la ha arrebatado a 25,000 familias tirándolas a la calle.

Por otro lado, ni la familia de Jorge Steven –que no son gente acomodada– ni la comunidad LGBT viven tranquilos ahora, luego de la muerte atroz de Jorge Steven. Han vivido un proceso judicial dilatado, en el que no se reconoce la importancia del agravante de crimen de odio, según lo plantea la misma ley.

Además, se debe recordar que algo similar ocurre con la Ley 54. Esta existe hace dos décadas, pero a menudo tampoco se le hace justicia a las mujeres asesinadas ni agredidas por sus compañeros. De hecho todavía las instancias oficiales tienen problemas en aplicar dicha ley.

Se trata después todo de que quien está en el poder y representa a sectores económicos poderosos y sectores ideológicamente fundamentalistas es el gobernador Luis Fortuño y no las “otras” familias.


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