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Contra toda violencia de género

Por Mariana Carbajal
Tomado de Página 12
19 de julio de 2010

El decreto que firmará la Presidenta reglamenta la ley 26.485, sancionada en 2009. La norma previene una multitud de casos y escenarios diversos, desde la violencia al negar un aborto legal hasta la difusión en medios de mensajes o determinadas imágenes.

Los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos y decidir el intervalo de los nacimientos, se resistan a proveer algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible, incurrirán en la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”. Los medios de comunicación que difundan mensajes o imágenes que tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina, o estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres, o contengan prácticas discriminatorias a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios, serán pasibles de sanciones por incurrir en situaciones de “violencia mediática”. Estos serían algunos de los puntos que incluiría el decreto reglamentario de la ley 26.485 para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, que hoy, según anunció el Consejo Nacional de las Mujeres, firmará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La norma, sancionada el 11 de marzo de 2009, tiene un potencial enorme. Si se instrumenta en su totalidad, podría tener un gran impacto para combatir las raíces del flagelo de la violencia machista, es decir, la discriminación que surge de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres. Por ahora su principal escollo es la falta de un presupuesto adecuado. El Consejo Nacional de las Mujeres, a cargo de Lidia Mondelo, es el órgano de aplicación de la norma. Pero para sentar las bases de la puesta en marcha de la ley 26.485 sólo tiene, hasta el momento, una partida de 1.985.768 dólares (alrededor de 7,7 millones de pesos) para dos años, hasta fines de 2011, en el marco de un programa acordado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que encabeza Alicia Kirchner, y la oficina local del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo CNM tiene un presupuesto exiguo, de casi 6 millones de pesos en 2010. Tal como ya informó Página/12, uno solo de los programas contra la violencia de género de la provincia de Buenos Aires –el de atención telefónica– tiene un presupuesto anual de 3 millones de pesos. El escaso presupuesto del CNM fue uno de los aspectos que cuestionaron la semana pasada, en Nueva York, ante el Comité de las Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), un grupo de ONG, entre ellas el CELS, Cladem, FEIM y Católicas por el Derecho a Decidir, en un documento alternativo al informe oficial presentado por el Gobierno.

Aunque una parte de la ley, la que debe aplicar la Justicia, ya está vigente, otra parte requería reglamentación. El texto que se conocerá hoy fue consensuado a través de un largo proceso de consultas con especialistas de la Justicia, las ONG que trabajan en la temática, académicas y expertos involucrados con la problemática de la violencia de género.

La ley tiene 45 artículos. Les ordena acciones a distintos ministerios y a los gobiernos provinciales y municipales. Significa un avance cualitativo con respecto a la legislación anterior nacional y provincial, que se limita a proteger a las mujeres de la violencia doméstica. La ley 26.485 va más allá: contempla la violencia de género en sus diversas formas, física, sexual, simbólica y agrega la violencia económica y patrimonial, y psicológica. Y no sólo cuando ocurre en el ámbito intrafamiliar: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y en los servicios de obstetricia, a través de un trato deshumanizado o por un abuso de medicalización en el marco de un parto, por ejemplo. También abarca la violencia mediática. E incluye la que atente contra la libertad reproductiva, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos. Obstruir el acceso a un aborto no punible fue definido por el CNM como una expresión de este último tipo de violencia. El CNM tiene que redactar un Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el cual, según fuentes del organismo, ya están trabajando. También tiene que elaborar una guía de servicios de atención de mujeres víctimas de violencia de todo el país, que tendrá que ser permanentemente actualizada. Deberán llevarse a cabo campañas de prevención, crear unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención y programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

La ley se debe aplicar en todo el país, salvo las medidas de procedimiento judicial, que hasta que las provincias no aprueben su adhesión sólo son de cumplimiento en el ámbito porteño.


Derechos reproductivos en Sudáfrica y México por Gabriela Rodríguez

Tomado de La Jornada
por Gabriela Rodríguez
Viernes 16 de julio de 2010

Es un momento casi único, concentrar la mira de todas las cámaras del mundo obliga a conocer las condiciones de esa población y sus transformaciones. Más allá del espectáculo deportivo hay lecciones que podemos aprender de los sudafricanos que no fueron referidas por los medios; tal vez poca gente sabe que el país sede de la Copa Mundial de Futbol fue el primero que despenalizó el aborto en ese continente.

A unos cuantos años del fin del apartheid, Sudáfrica cambió sus leyes para dar acceso a servicios de aborto sin restricción alguna en 1997. El aborto se ofrece en el primer nivel de atención, junto con servicios de salud reproductiva integral. En 2001 aprobaron el uso de la píldora RU-486 (o mifepristone), esa opción abortiva tan segura y efectiva a la que tanto se recurre en los países desarrollados. Una mujer de cualquier edad puede solicitar un aborto por libre demanda sin tener que dar ninguna explicación y, en algunas condiciones, hasta las 34 semanas. Entre las 13 y 20 semanas se puede solicitar la interrupción por salud física o mental de la embarazada, si fue víctima de incesto o violación, si considera que no está en condiciones sociales o económicas para tener un hijo o si el producto pudiese desarrollar anormalidades físicas o mentales severas. Después de 20 semanas de gestación se puede acceder al aborto si la vida de la mujer o la del feto está en peligro o si éste último puede presentar defectos al nacimiento. A una menor de 18 años se le aconseja consultar a sus padres pero tiene la opción de no informarles si así lo decide. A las casadas se les aconseja consultar a su pareja pero tienen opción de no hacerlo, a menos que ella tenga una enfermedad mental severa o esté inconsciente por largo tiempo, en cuyo caso se requiere el consentimiento de la pareja o guardián.

Como efecto de este servicio ya se acusa un descenso en la mortalidad por abortos clandestinos en ese país, aunque las muertes maternas siguen presentando una tasa preocupante cercana a 5 por ciento, la mitad de las cuales se relacionan con partos inseguros y la otra mitad con abortos clandestinos que todavía se atienden por personal sin entrenamiento profesional y en ambientes sin estándares médicos mínimos. Después de 10 años, la tasa de embarazo no deseado y de aborto ha descendido entre las mujeres sudafricanas, sobre todo entre las mayores de 20 años, lo cual se relaciona con el aumento en el uso de anticonceptivos (más de 50 por ciento), el aumento de la edad al matrimonio y el incremento de VIH/sida. La experiencia ha tenido un efecto liberador en la región, más de 10 países africanos han venido ampliando las causales para acceder al aborto legal y a los anticonceptivos (Singh S, et al., Abortion worldwide: a decade of uneven progress, Nueva York, Guttmacher Institute, 2009).

En México enfrentamos la reacción contraria. En la década pasada la necesidad no satisfecha de métodos anticonceptivos entre mujeres casadas se mantuvo estable, en 12 por ciento. Sin embargo, la tasa global de fecundidad ha disminuido de manera continua, lo que sugiere que las mujeres que experimentan embarazos no planeados están recurriendo al aborto con mayor frecuencia (Juárez F. y cols., “Estimates of induced abortion in Mexico: what’s changed between 1990 and 2006”, International Family Planning Perspectives, 2008, 34 (4):158-168). Esto sólo se explica porque con la llegada del PAN al gobierno federal se ha estancado la planificación familiar, no se ha extendido el acceso a los anticonceptivos, y hay un retroceso de uso en la población de 15 a 19 años. Además se impulsan en todo el país leyes para restringir el aborto como reacción a la reforma que autoriza la interrupción legal del embarazo en el DF; 40 mil mujeres han recurrido a ésta por libre decisión en los hospitales públicos de la ciudad de México, con profesionales capacitados, en condiciones legales, seguras y sin complicaciones. Pero como a nuestros políticos no les interesa en absoluto la salud sino invertir en mantener posiciones de poder, en vez de expandir ese derecho a los estados, PRI y PAN buscan descalificar al gobierno del PRD, llegando a cambiar 18 constituciones locales para negar la maternidad voluntaria y proteger el producto desde el momento de la concepción. Es un escándalo: se está orillando a las mujeres a la cárcel y a procesos judiciales por “homicidio en razón de parentesco”. En Puebla se ha procesado por aborto a 30 mujeres, en Sonora a siete, 10 en Veracruz, y cerca de 130 mujeres en Guanajuato. En Quintana Roo se niega el aborto y se obliga a parir a niñas violadas. En el resto de América Latina hay un contexto similar, excepto que no cuentan con un oasis en la capital del país.

Se impone una cultura críptica a las mujeres de América Latina, el continente católico mantiene las mayores restricciones mundiales a la salud reproductiva; está atrás de África, de Asia, pues ni los musulmanes restringen todas las causales de aborto. Aquí donde se impuso una lengua que carga una religión monoteísta, una iglesia de hombres y una moral sexual distorsionada. Aquí donde se fundó la Legión de Cristo, el peor paradigma de las sectas católicas.


“Fue una liberación tremenda”

Aunque se critica la forma en que se introdujo aquí, muchos reconocen también el efecto positivo de la píldora sobre la vida femenina

Cuando la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) la aprobó en 1960, la píldora era 20 veces más fuerte que la que se toma actualmente.

23 de mayo de 2010
Por Mildred Rivera Marrero
mrivera1@elnuevodia.com
Tomado de: endi.com

La píldora anticonceptiva, que este mes cumple 50 años de haberse aprobado, tiene raíces en Puerto Rico y doña Ramonita Rivas García fue parte de esa historia.

Cuando, en la década de 1950, la Isla sirvió como laboratorio para hacer los experimentos previos a la aprobación de la píldora anticonceptiva, todo lo que doña Ramonita quería era “no llenarme de hijos”.

A sus veinte años, luego de tener a su primera hija Ángela, aceptó la recomendación que daban en una oficina ubicada al lado del dispensario que estaba dentro de su comunidad, el residencial Luis Lloréns Torres.

Las pastillas “me las dieron en la Unidad de Salud Pública, en Planificación Familiar. Como daban charlas, yo dije: ‘pues déjame probar”, recuerda la mujer de 72 años en entrevista con El Nuevo Día.

¿Le dijeron que usted era parte de un estudio?

“No. Hablábamos de lo efectivas que eran”, dice doña Ramonita.

Su esposo, Ángel Ortiz, explica que “como éramos tan jóvenes, cualquier cosa que le dieran para evitar los hijos era beneficioso”.

El perfil de doña Ramonita coincide con el de cientos de mujeres que, sin saberlo, sirvieron de conejillo de Indias para probar la efectividad del contraceptivo desarrollado en Estados Unidos. Cuando la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) la aprobó en 1960 era 20 veces más fuerte que la píldora que se toma actualmente.

Para los estudios, se escogieron mujeres puertorriqueñas de comunidades pobres a través de lo que entonces se conocía como la Asociación de Planificación Familiar, una organización sin fines de lucro.

Las gestiones para desarrollar un anticonceptivo oral comenzaron en 1951, cuando Margaret Sanger, feminista y fundadora de la Liga Americana para el Control de la Natalidad, obtuvo fondos para que el biólogo Gregory Pincus, comenzara la investigación. En 1954 se hace la píldora, que se llama Enovid, y se prueba por primera vez en humanos con 50 mujeres de Massachusetts.

Pero para probar la píldora a gran escala, el científico escoge exclusivamente a Puerto Rico “por la gran cantidad de mujeres pobres y sin educación”, explica un artículo de la Liga Americana de la Vida, traducido y publicado en la página vidahumana.org.

Diversas fuentes identifican como directora del proyecto a la doctora Edris Rice-Wray, miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

La primera fase del experimento impulsado por la farmacéutica Searle comenzó en marzo de 1956 con 225 mujeres que vivían en un residencial público, señala la catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Lourdes Lugo-Ortiz. De esas, 100 estaban en un grupo experimental al que le dijeron que participaban de un programa de control de la natalidad. Las restantes 125 era el grupo control, a quienes les indicaron que era una encuesta sobre el tamaño de las familias del residencial.

Tres meses más tarde, Rice-Wray le informó a Pincus que 30 mujeres habían dejado el experimento.

“Hemos tenido problemas con algunas pacientes que han dejado de tomar la pastilla. En unos pocos casos han tenido náuseas, vértigo, dolores de cabeza y vómitos. Estas pocas han rehusado continuar con el programa. Dos han sido esterilizadas. Un marido se ahorcó, desesperado por su pobreza”, cita un artículo de la agencia periodística Aceprensa. Los datos coinciden con lo señalado por Lugo, quien escribe un libro sobre la esterilización en Puerto Rico.

En un segundo informe, Rice-Wray indica que, hasta diciembre de 1956, 221 boricuas habían tomado la pastilla, que un 50% se había salido del experimento y que 17% había sufrido efectos secundarios negativos.

Poco importaron los informes y, en 1957, la FDA aprobó Enovid, pero no como anticonceptivo, sino como fármaco para regular la menstruación.

En Puerto Rico se organizaron otros tres grupos de mujeres, explica Lugo. Al primero se les advirtió de efectos secundarios por el uso de la pastilla; al segundo, le dijeron que tomaban la píldora, pero sólo era placebo, y el tercero, tomó Enovid sin ninguna advertencia.

Esta nueva fase coincide con el periodo en que doña Ramonita tomó la pastilla que, según afirma, no le provocó efectos secundarios. Eso sí, en un “descuido” volvió a quedar embarazada.

En 1960, finalmente, la FDA aprueba que la píldora se venda como anticonceptivo oral, aunque no es hasta 1978, que exigió que el empaque divulgara los posibles riesgos a la salud.

Recuerda que después de eso, visitó al “doctor Silva” de Planificación Familiar quien le colocó un “aro” para evitar los embarazos. Doña Ramonita tuvo problemas con el aparato y entre ese y otros intentos para no tener hijos, finalmente tuvo seis vástagos.

La meta: bajar la tasa de nacimientos

Ese médico que recuerda es Antonio Silva, director de Planificación Familiar, la organización que suplía la píldora. La meta era bajar drásticamente la tasa de nacimientos en la Isla, según relata en el documental La Operación, de la investigadora Ana María García. Silva dijo que se “evitaban” cerca de 12,000 nacimientos anuales y explicó que tenían clínicas de planificación familiar incluso dentro de fábricas, donde les daban una hora a las obreras para que asistieran a las charlas.

Según el documental, la iniciativa se dio en momentos en que la Agencia federal para el Desarrollo Internacional subvencionaba planes de control poblacional en latinoamérica y en que el gobierno de la Isla promovía la emigración y la esterilización masiva de mujeres.

El desarrollo y venta de la píldora anticonceptiva ha sido, sin embargo, reconocido como un evento de gran impacto social. Por primera vez, las mujeres podían controlar su proceso reproductivo y eso cambió la visión sobre su cuerpo y las relaciones de pareja, entre otras cosas.

“Hay dos caras de la moneda”, señala Diana Valle, ex presidenta de la Casa Protegida Julia de Burgos. “Por un lado, como se hicieron los primeros estudios fue una falta de respecto y una violación a los derechos de las mujeres porque no les explicaban los efectos secundarios ni nada. Fueron conejillo de Indias. La otra cara de la moneda fue una liberación tremenda, fue ofrecerle a la mujer el poder de controlar su cuerpo y tomar decisiones en términos de la reproducción”, afirma.

Alana Feldman, de Taller Salud, coincidió en que “la pastilla fue una cosa revolucionaria. Es la que da pie a que las mujeres podamos explorar el mundo, nos da la posibilidad de estudiar y tener grados más allá de lo básico”. Señala que la píldora debe seguir siendo una opción, pero destaca que aquí hace falta más educación sexual.

Nirvana González, coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinaomericanas y del Caribe, sostiene que “Puerto Rico se las echa de ser un país desarrollado pero, en términos de acceso a la salud sexual y reproductiva (no). En la mayoría de los países de la región se cubren (los costos de los métodos anticonceptivos para) las personas de escasos recursos”, señala González.

Agrega que en Argentina, por ejemplo, el Congreso aprobó ofrecer educación sexual en los grados primarios hace dos años. Aquí, en contraste, los gobiernos prohíben la educación sexual en las escuelas a pesar de conocer que están activos sexualmente, critica González.


La píldora anticonceptiva y su polémica revolución cumplen cincuenta años

Carlos F. Fernández
Sonia Perilla
Redacción Salud
Fuentes: Revista ‘Time’, Vol. 175, No. 17. PROFAMILIA.
AGENCIA Efe
Tomado de: eltiempo.com

El 9 de mayo de 1960 el mundo estaba inmerso en un ambiente marcado por los conflictos raciales, los roles de género, el choque entre el Estado y la Iglesia y los problemas generacionales.

Pero nada sacudió más las estructuras sociales que este fármaco a base de hormonas que ayudó a las mujeres a hacer realidad su intención de planificar su propia vida y de tener hijos sólo cuando quisieran.

Por eso entre los elementos que caracterizan la llamada revolución sexual y cultural de los años 60, la píldora destaca como ninguno otro.

Sus promotores la defendieron con el argumento de que no se podía permitir que siguieran naciendo hijos no deseados en un mundo encaminado hacia una sobrepoblación devastadora; sus críticos aseguraban que tras su uso se parapetaban la promiscuidad, el adulterio y la ruptura familiar.

Para estos últimos, la práctica del sexo debía limitarse al ámbito del matrimonio y sólo con fines reproductivos; lo demás era inmoral. Por eso la anticoncepción se relacionó siempre con la pornografía.

Fue la llamada Gran Depresión originada por la crisis económica de 1929, y que se prolongó durante los años 30, la que llevó a la sociedad estadounidense a pensar en serio en reducir el tamaño de las familias; pocos años después cobró fuerza la idea de ejercer un control natal, mediante el uso de hormonas.

Para 1951 Gregory Pincus, investigador egresado de Harvard, buscaba exactamente lo contrario: idear un método hormonal contra la infertilidad.

Un año después le compartió sus hallazgos en este campo al médico católico John Rock, que perseguía un propósito parecido. Su idea era usar la progesterona (una de las hormonas femeninas) para frenar la ovulación durante cuatro meses; se suponía que al retirarla el efecto rebote estimularía la ovulación.

Algunas mujeres que hicieron parte de sus ensayos lograron concebir después de eso; sin embargo, no fue ese el descubrimiento más valioso, sino la confirmación de que con este método se evitaban los embarazos.

Pincus y Rock probaron su efecto anticonceptivo en Puerto Rico en 1956; ante la dificultad para hacer ensayos clínicos con el método en Estados Unidos, recurrieron a voluntarias en esa isla, donde la población femenina clamaba por un control de natalidad.

Los trabajos, que duraron varios años, han sido tachados por algunos de poco rigurosos; incluso se habla de efectos adversos severos en varias participantes e incluso de muertes que no fueron aclaradas. Al final de los estudios, la empresa farmacéutica GB Searle solicitó, en 1959, la aprobación formal de la FDA de la primera píldora anticonceptiva de la historia: Enovid.

La agencia reguladora dio luz verde para su comercialización hace 50 años; pocos meses después llegó a Colombia (ver entrevista ‘Primeras dosis eran…’.).

La noticia sacudió incluso al Vaticano, opuesto al uso de métodos anticonceptivos.

Si bien el Papa Juan XXIII moderó, en el Concilio Vaticano Segundo (1962), la posición de la Iglesia frente al tema, su sucesor, Pablo VI, publicó en su encíclica Humanae Vitae que “la anticonceción, procurada directamente para evitar los hijos en la relación conyugal, es contraria al bien, porque desvirtúa el amor conyugal”.

Cuando pronunció estas palabras, ya la mitad del mundo católico utilizaba la famosa píldora.

En estos 50 años la evolución de la anticoncepción oral no ha dado tregua; ha sido artífice del cambio más radical en las actitudes culturales y morales, no sólo de las mujeres, también de los hombres frente a su sexualidad, el matrimonio y la familia.


Homenaje sororal para Rhonda Copelon

Tomado de RSMLAC
07/05/2010

El 6 de mayo de 2010, en Nueva York, falleció Rhonda Copelon, abogada feminista de extensa trayectoria. En los últimos años luchó contra un cáncer ovárico, el que no le impidió continuar trabajando sin descanso en aquello que más le importaba: los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y el rechazo a toda forma de violencia sexista, provenga de quien provenga.

Rhonda aportó su mirada y experticia a varios proyectos de derechos humanos que han marcado hitos en la defensa de la condición de la mujer. Fue una de las gestoras del primer borrador de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará. Y estuvo en primera línea para lograr que el Estatuto de Roma, que dio lugar a la Corte Penal Internacional, finalmente reconociera que la violación sexual en conflictos armados es un crimen de lesa humanidad.

Durante más de tres décadas fue académica de la City University of New York, donde formó a centenares de abogadas y abogados desde un enfoque en la justicia de género entrelazada con las demandas de derechos humanos universales. Y, asimismo, fue parte del Center for Constitutional Rights, también de Estados Unidos, que defiende y promueve los derechos civiles. En ese país es reconocida por haber jugado un rol central en el establecimiento de que los abusos de derechos humanos cometidos fuera de ese país también se podían enjuiciar en las Cortes estadounidenses. Y también luchó porque el sistema de salud cubriera los gastos implícitos en procedimientos de aborto.

En América Latina y el Caribe estuvo unida a las luchas de las mujeres por su derecho a vivir sin violencia, trabajando cercanamente con grandes feministas, entre otras, con Alda Facio, María Suárez, Ana Elena Obando, y con la Radio Internacional Feminista, la cual ha programado un homenaje virtual para su amiga histórica.

Para la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe esta es una partida dolorosa. Rhonda fue muy cercana a esta Red, colaboró generosamente con nuestra Revista Mujer Salud y Cuadernos Mujer Salud, donde aportó su sabiduría en artículos y comentarios, profundizando especialmente en el valor ético, filosófico y político de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y compartió estrecha amistad con Amparo Claro, nuestra primera Coordinadora General, desde los inicios los inicios de esta Red.

La última vez que estuvo en Chile, logramos escuchar una clase magistral impartida por ella. Fue en ocasión de la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que escuchó una demanda contra el Estado mexicano por casos de femicidios cometidos en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. Caso que concluyó con la condena a dicho Estado por no haber sabido proteger y cautelar la vida y derechos de las mujeres en los hechos expuestos. Entonces Rhonda, con su habitual suavidad y al mismo tiempo firmeza, proveyó conocimientos y enfoques invaluables para llegar a esa resolución.

Su recuerdo perdurará entre todas las personas comprometidas con los derechos humanos de mujeres y hombres, y con la justicia de género


Reclusas reclaman que se les permita tener sexo

Por Antonio Peña (INS)
9 de marzo de 2010
Tomado de: El Nuevo Día

Santo Domingo – Las autoridades dominicanas dispusieron hoy el traslado de 22 internas de la cárcel pública de Najayo (sur del país), las cuales intentaron amotinarse en reclamo de que se les permita tener sexo con sus parejas en el penal, igual que a los hombres recluidos allí.

La directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, Patricia Lagombra, dijo que las reclusas fueron enviadas al penal de La Romana, al este del país.

Lagombra explicó que el incidente se originó cuando las internas Orquídea Reyes y Diomaris Valdez sostuvieron una reyerta y fueron referidas ante la supervisora del día, quien luego de una evaluación dispuso su envío al área de reflexión, a lo que Reyes se resistió y tuvo que ser sometida a la obediencia por personal de seguridad del centro.

Según fuentes, el pleito entre las reclusas se originó por la disputa de un vibrador.

La dirección de la cárcel de Najayo manifestó que Reyes comenzó a gritar y sus compañeras en los pabellones pensaron la estaban agrediendo físicamente y comenzaron a sonar los candados, sillas, lockers y a romper objetos y lanzaron orina a los policías que trataban de controlar la situación.

Las reclusas denunciaron que son discriminadas porque mientras a los hombres recluidos en ese penal se les permite tener relaciones sexuales con sus parejas, y hasta con prostitutas que acostumbran visitar la cárcel, a ellas se les niega ese derecho.

También argumentaron que el personal de seguridad ha despojado a algunas internas de vibradores, consoladores y otros objetos de estimulación sexual que les hacen llegar a la prisión.

Mientras, en Santiago, la segunda ciudad al norte del país, varias reclusas se han alborotado exigiendo a las autoridades que les permitan relaciones conyugales.

Ante esa situación, el subcoordinador del recinto carcelario, Ismael Paniagua Guerrero, dispuso reforzar la seguridad de la cárcel para evitar amotinamiento de las reclusas.

En el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey, de Santiago, las confinadas denunciaron que la seguridad de ese recinto despojó de un consolador y un pene de goma a dos internas que los alquilaban a sus compañeras a 50.00 pesos (1.38 dólar) por 15 minutos.

La procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Bielka Calderón, dijo que ordenó que los dos objetos se les devolvieran a las internas, con la advertencia de que no deben usarlos como negocio.

Calderón reconoció que es una discriminación que mientras a los internos se les permite tener sexo en la cárcel a las reclusas se le prohíbe.

No obstante, explicó que el caso es delicado porque muchas de las internas podrían tener relaciones sexuales como pretexto para embarazarse y evadir su responsabilidad penal, debido a que la ley en esos casos es flexible.


Las mujeres, sus cuerpos y sus vidas

24/01/2010
Por Silvina Sterin Pensel
omado de: El Diario NY

Durante su carrera de cirujana y partera en el Instituto Politécnico Nacional del DF Estela Kempis se codeó con profesores a los que admiraba y vivió experiencias interesantes. Pero a la hora de decidir qué haría cuando obtuviese el título fueron otros factores los que pesaron: “Tenía muchas amigas dentistas, oftalmólogas y de otras ramas de la medicina que se me acercaban preocupadas y me preguntaban, ‘¿Tú no conoces algún medicamento? ¿No leíste nada en tus libros de farmacología?’ Y la respuesta era siempre no. No sabía como ayudarlas a abortar porque en los libros no había nada y nadie hablaba del tema. Como era ilegal, si estabas en esa situación, estabas sola.”

En 1995, al tiempo de haber estrenado su diploma y con pocos fondos y muchas ganas, Estela fundó la clínica Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas; una asociación civil donde las mujeres están en compañía de otras que las ayudan, las guían y responden sus preguntas sexuales sean del calibre que sean.

La clínica se encuentra en Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. “Está en el mero centro, sobre la Avenida Emiliano Zapata y esa visibilidad permite que se nos acerquen muchas mujeres de regiones urbanas y rurales”, comenta Estela.

Además de ella que es quien lleva la batuta y toma las decisiones, trabajan allí unas 18 personas entre parteras, psicólogos, psiquiatras, enfermeras y voluntarios. Para muchas mujeres campesinas es la primera vez en sus vidas –a pesar de ser ya adultas y tener familias bien numerosas- que reciben instrucción sobre salud sexual y derechos reproductivos. Quienes lo necesitan pueden hacerse la prueba de embarazo, de VIH y someterse a exámenes para la detección de cáncer de mama y cuello uterino.

El énfasis, afirma Estela, está en la capacitación constante de los profesionales, en la orientación psicológica y la atención de calidad para las mujeres y en hacerlas sentir que no están solas en el mundo. El trabajo que realizan en la clínica les devuelve las riendas de su vida, las pone nuevamente en control.

Su piel es morena y sus cabellos están usualmente trenzados o recogidos en un rodete, lo que sea más práctico para trabajar. Feroz defensora de la despenalización del aborto, esta activista de 38 años está en pareja con un neoyorquino, el documentalista Gregory Berger, con quien se complementan a la perfección. “Hemos hecho el documental Aborto sin Pena que pasamos en colegios, organizaciones de la comunidad y todo lugar que nos permita mostrarlo”.

Tanto Gregory como el pequeño hijo de ambos, Max, de tres años, saben que el trabajo de Estela es una forma de vida y que no hay horarios ni muchas vacaciones ni tiempo libre. Todos así lo aceptan y cooperan a su manera. “Una vuelta llegó una mujer embarazada a la clínica, con una emergencia y Max estaba allí conmigo. Cuando la vio tan triste le acarició la barriga. Quizás sea médico también, ¿verdad Max?”, le pregunta su madre.

De paso por Nueva York, la familia aprovechó para pasar tiempo con parientes pero el principal motivo del viaje fue grabar una radionovela que luego se pasará en emisoras comunitarias de México y otras partes de América Latina y en ‘Sexo en voz alta’, un programa que produce la propia Estela y que es otra de las iniciativas que surgió de la clínica.

Greg escribió el guión basándose en experiencias de las pacientes y luego ambos realizaron audiciones para elegir a los actores, todos voluntarios reclutados a través de Craigslist. En una tarde el grupo dio vida a Lucha, una empleada doméstica sin recursos con dos hijos a quienes mantener y en pareja con un tipo casado que la desprecia cuando se entera que está embarazada.

Son muchas las ‘Luchas’ que llegan hasta la clínica donde se las ayuda a explorar las rutas hacia un aborto legal –el procedimiento ya no se pena en el DF mientras sea durante el primer trimestre-. “Para muchas es difícil viajar hasta el DF”, apunta Estela. “No tienen con quién dejar a sus hijos, ni dinero para costear el viaje, el aborto y la estadía que siempre es larga porque una vez que llegan al hospital no es claro cuándo las atenderán. Hay muchos médicos objetores de conciencia y pocos doctores para una altísima demanda”.

Entran desesperadas y salen aliviadas y con un plan. La clínica les provee los fondos o las conecta con lugares en el DF donde los servicios son gratuitos. Por brindar apoyo, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas cobra únicamente a quien puede pagar. Pero la gratitud siempre sale a flote y, a su manera, todas las mujeres pagan. “Unas ayudan con la limpieza, otras distribuyen volantes para difundir el trabajo de la clínica y otras me han enseñado a sembrar jitomate y maíz. Y todas”, dice Estela sonriendo, “me recuerdan cada día porqué decidí dedicarme a la medicina”.


Stop Stupack

Por Eva Prados
Titulo original: Stop Stupack
Publicado en El Nuevo Día
Bajo el titulo: Los Derechos Reproductivos
8 de enero de 2010

“La capacidad de una mujer para participar en la vida económica y social de una nación ha sido facilitada por su capacidad de controlar su propia vida reproductiva”. Ésta es una de las tantas expresiones que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho sobre la importancia de los derechos reproductivos, no sólo para la mujer sino para el desarrollo de un país.

El derecho a decidir sobre la capacidad reproductiva permite que mujeres y hombres tomen importantes decisiones en su vida. Decidir cuándo se quiere o no tener un hijo es una decisión crítica en la vida de una mujer, su familia y es uno de los más importantes temas de salud pública. Sin duda, la libertad reproductiva es una de las piedras angulares para la equidad entre los géneros y la base para el desarrollo de familias saludables.

La Corte Suprema de Estados Unidos demostró un gran compromiso con los derechos humanos y el desarrollo de su país cuando comprendió la importancia de que toda mujer tuviera el derecho a decidir sobre la terminación de un embarazo en la emblemática decisión de Roe v. Wade. Esta decisión no sólo fue histórica para ese país sino que estuvo a la vanguardia del movimiento internacional hacia los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, la nueva reforma de salud federal trae al debate público uno de los aspectos medulares sobre los derechos reproductivos de las mujeres: el deber del Gobierno de garantizar un verdadero ejercicio de estos derechos asegurando su acceso, sin discrimen por condición social, para que toda mujer puede decidir sobre su salud reproductiva.

El reconocimiento de un derecho a la salud y la intención que existe tras la reforma de salud propuesta por el presidente Barack Obama, es posiblemente una de las iniciativas más importantes en temas de derechos humanos de esa nación. Sin embargo, la enmienda presentada por el senador Bart Stupak para impedir el subsidio federal a planes médicos que cubran abortos (que pasó con una votación de 240 a 194) representa una clara política de discrimen por género con un impacto inmediato en la salud pública de la nación.

El asegurar un acceso completo a servicios de salud reproductiva (abortos, contraceptivos, salud prenatal) es garantizar un derecho a la salud para las mujeres, sin discrimen de género o por condición económica, y logra evitar el terrible riesgo a la salud pública que representan los abortos clandestinos e inseguros, entre otros efectos.

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*Nota: Durante la semana del 18-22 de enero de 2010  se celebra el aniversario de Roe v. Wade. Incluimos esta columna a la jornada bloguera Roe v. Wade. Este caso afortunadamente estableció precedentes a favor de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos y Puerto Rico.  Ante esto se abre y se convoca desde el Blog Poder, Cuerpo y Género y el blog Mujeres en Puerto Rico a interesad@s en los temas de poder, clase, cuerpo, feminismos, salud y/o derechos reproductivos, para someter trabajos con el propósito de presentar reflexiones, diálogos, conversaciones, sobre los debates internos del movimiento prochoice, y todos los issues que giran en torno a este. Las publicaciones no necesariamente representan las posturas de los blogs.


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