Por Nahomi Galindo-Malavé

Susan Sontag observó atinadamente que los derechos de los “hombres” nunca ha merecido una manifestación o una huelga de hambre. En ningún país, los hombres son menores de edad jurídica, como lo fueron las mujeres hasta bien entrado el siglo XX en muchos países. Ningún estado otorgó el derecho al voto a las mujeres antes que a los hombres. Tampoco se ha pensado en los hombres como el segundo sexo.

Cada vez que las feministas levantan su voz, aparecen los neomachistas para “estirar el chicle”. Señalando que pretendemos “invertir las cosas”. Muchas nos preguntamos de dónde sacan esa distorsión que se presta para confundir. Sin embargo, la peor parte no es que resurjan estos neomachistas, sino que algunas personas solidarias se confundan con sus tergiversaciones.

Las personas neomachistas se alarman cuando las feministas y las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, que son activistas, alzan la voz reclamando justicia. Parece ser que sólo esuchar lemas como “Justicias para las mujeres” o “Justicia para Jorge Steven” es suficiente para levantar espanto entre algunos. Aquellos que creen erroneamente que lo que se pretende es “invertir” se alarman precisamente porque lo que le ha ocurrido a las mujeres y las personas LGBT ha sido espantoso a través de la historia.

En el caso de las mujeres, históricamente han sido minimizadas, patologizadas, infantilizadas, violentadas física y sexualmente.

Me pregunto, ¿Desde cuándo la palabra “justicia” se convirtió en sinónimo de “venganza”?

Todo esto me recuerda un suceso reciente: cuando circularon declaraciones de la actual jueza del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor, aludiendo a que ella esperaría que una mujer latina fuera mejor jueza que un juez blanco, ello levantó la histeria entre los conservadores en ese país. Dijeron que era “racismo a la inversa”. Es interesante que a aquellos que nunca se preocuparon por el racismo hacia los negros o latinos en los Estados Unidos de momento les preocupe el supuesto “racismo a la inversa”.

Igualmente se levantan los neomachistas en nuestro país. Aquí todavía lamentablemente se naturalizan las agresiones contra las mujeres y personas LGBT cuando alegan que “se lo buscó” o “sabía lo que podía pasar”. Esas sospechas se levantan cuando a esos neomachistas se preocupan que se reclame justicia por tal violencia desatada.

Hay quien plantea, con razón, que la raíz del asunto está en la educación, y no en reforzar el sistema de cárceles y tribunales que, después de todo, existen para defender a los poderosos. Sin embargo, esas preocupaciones no pueden ser pretexto para diluir los esfuerzos contra la impunidad. Quienes traen esa preocupación como parte de una crítica más amplia hacia los movimientos que reclaman justicia contra la agresión parecen olvidar, por ejemplo, que desde hace años las mujeres estuvimos reclamando que se incluyera la perspectiva de género en el curriculo escolar público; sin embargo, fue implementada tardíamente el año pasado para luego ser eliminada por el gobernador entrante.

La composición de cada movimiento social es plural. No obstante, me atrevo a decir que la mayoría de quienes luchamos por los derechos de las mujeres o de las personas LGBT, está clara en cuanto a los objetivos que persiguen nuestros reclamos. No queremos invertir, sino transformar. No queremos desahogarnos, mucho menos vengarnos. Queremos justicia. Reclamar justicia es un lema político contundente, no un capricho personal.

Cuando se pide justicia, se exigen un sinnúmero de cosas: que no quede impune la injusticia, que se atienda ese problema social y que se eduque en las escuelas y en las familias sobre el asunto para lograr la tranformación cultural. Se pide, en fin, justicia. No estamos meramente hablando de una revolución cultural (patriarcal), sino que la estamos trabajando, contra los oídos sordos del Gobierno, con mucho esfuerzo, y desde abajo.